VI ANIVERSARIO DEL INFORME DE LA COMISION DE LA VERDAD

ALAN GARCIA-MECHE CABANILLAS: POR OTRO BAGUAZO MÁS

Como previniendo toda la información que se irá propalando por los juicios contra ALAN GARCÍA por su participación en delitos que contravienen los derechos humanos(Acomarca, los penales, Cayara, ETC.), además de los delitos por corrupción;y por el pronto inicio de la campaña electoral para el 2011...la maquinaria (o mafia)del apro-fujimorismo tantea concretizar una ley contra la libertad de expresión que incluso llega a la multifacética pantalla bloggera.

Meche Cabanillas, la responsable de la masacre de Bagua, con gusto apadrina esta ley porque así se podrá cobrar lo que nunca pudo explicar con satisfacción y anuencia a la prensa, es más cuánto más se lavaba las manos más se teñía de rojo su rastro y más pétreo y frío asomaba su cuerpo cual cadáver abandonado a todo amparo y sollozo.

Lo dijimos antes (no somos pitonisos) después de la masacre de Bagua vendría:"DESPUES DEL GENOCIDIO: DESAPARECER PRUEBAS (CUERPOS), NEGAR RESPONSABILIDADES Y REPRIMIR (ACUSAR) AL PUEBLO", en eso estamos se quiere reprimir toda voz crítica e independiente. Ya antes han intentado acallar y en otras lograron silenciar algunas radios que osaron a ser fieles a los hechos: Radio Orión en Pisco e Ica, luego del sismo; emisora Manco Cápac de Puno; La Voz de Utcubamba; Radio Libertad en Amazonas; en Tacna hubo un intento con radio Uno, Radio Cutivalú de Piura, etc.
En todas estas operaciones de mordaza está la mano de uñas largas del Alan GARCÍA PÉREZ, recuerden lo de Perú 21 con la remoción de Alvarez R., lo de Panamericana y la ilegal intervención, etc., etc. Alan García no solo es un redomado mentiroso, sino también su ego no admite voces discrepantes, en su delirio maníaco-depresivo ve enemigos extranjeros, inventa perros del hortelano y reclama confianza y optimismo -el muy falaz y triste mandamás-

24 años de la matanza de Accomarca (víctimas: 69 niños y adultos)

CASO ACCOMARCA
El 14 de agosto de 1985, un atroz crimen estremeció Ayacucho. La comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, fue el escenario donde la sangre de los comuneros se entremezcló con balas, incendios y granadas de los efectivos militares. La masacre dejó sesenta y nueve pobladores muertos, así como un largo camino para que la justicia alcance a sus familias.
Los hechos


Al recibir información de presencia terrorista en la comunidad de Accomarca (Vilcashuamán), el Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo ordenó la elaboración de un plan cuyo propósito consistía en la captura y/o destrucción de elementos terroristas existentes en la quebrada de Huancayocc. De esta manera nace el denominado “Plan Huancayocc”
Así, el 9 de agosto de 1985, efectivos del ejército llegaron a San Sebastián de Huamanmarca, distrito de Huambalpa, donde además de asesinar a ocho personas, saquearon y quemaron sus viviendas. En Lloclla, Huancayoc, Pitecc y Ahuaccpampa siguieron sus incursiones. Así, antes de retirarse a Vilcashuamán, habrían asesinado a Seferino Baldeón Palacios, Pelayo Quispe Palacios y Cornelio Quispe Baldeón.
En los días siguientes, las patrullas del Ejército continuaron ocasionando desmanes en Quinuas, Runcua y Pitecc, donde se encontraron con otras patrullas que llegaron de Vilcashuamán y Huambalpa. Entonces enrumbaron hacia Accomarca, adonde llegaron a las cinco y treinta de la tarde.
En la mañana del 14 de agosto, las patrullas del subteniente EP Telmo Hurtado Hurtado y la del teniente EP Juan Rivera Rondón –aproximadamente 25 efectivos– bajaron a Llocllapampa, ubicado a tres kilómetros de Accomarca. Ahí, bajo el pretexto de una asamblea, los militares reunieron a 69 comuneros en la plaza de dicho poblado.
Los agruparon en tres viviendas, previa separación de hombres, mujeres y niños: a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Pero, tal como indican los testigos, las mujeres fueron llevadas previamente a una acequia en donde las habrían violaron. Ello se deduce de los gritos que escucharon los comuneros mientras permanecían escondidos entre los matorrales.
Los militares acusaron a los pobladores de terroristas, ya que tenían referencias de que en Llocllapampa funcionaban dos escuelas populares y un centro de abastecimiento senderista, con municiones, alimentos y frazadas. Luego empezaron los disparos y tras ello, la desesperación. Las mujeres gritaban aterrorizadas, los ancianos pedían auxilio, los niños lloraban. Sin embargo los efectivos no cesaban en su accionar, por el contrario, procedieron a incendiar las viviendas y finalmente les lanzaron granadas.
A las cuatro de la tarde, los efectivos se retiraron. Los pobladores que habían logrado escapar regresaron al lugar y observaron la horrible escena: 39 adultos y 23 niños ejecutados.
Pero la masacre aún no había terminado. En las semanas siguientes fueron asesinados varios testigos del múltiple crimen con el evidente propósito de ocultarlo y sustraer a los responsables de la acción de la justicia.
Así, el 8 de setiembre, efectivos militares mataron a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón, testigos de la matanza de Accomarca. Al día siguiente, efectivos el ejército del cuartel de Vilcashuamán detuvieron a Martín Baldeón Ayala, de 66 años de edad y lo llevaron a la base de Vilcashuamán. Diariamente, su esposa Paulina Pulido Palacios acudía al cuartel para entregarle alimentos. Pero el 16 de setiembre fue detenida. Nunca más se supo del paradero de ambos.

La investigación

El 11 de setiembre de 1985, el Senado nombró una comisión investigadora presidida por Javier Valle Riestra que tenía como propósito, investigar las matanzas de Pucayacu y Accomarca.Dos días después de nombrada la comisión, el entonces diputado Fernando Olivera encontró ocultos los cuerpos de cinco personas –sin rigor mortis, sangrantes, asesinadas a balazos– en nichos del cementerio de Accomarca. Según el testimonio de Viviana Baldeón Pulido, horas antes del arribo de la comisión investigadora, militares habrían llegado a la zona y eliminado a los testigos.
Como parte de sus indagaciones la comisión senatorial entrevistó al subteniente Telmo Hurtado en el cuartel “Los Cabitos” (Ayacucho). Hurtado no mostró arrepentimiento alguno por lo ocurrido e incluso llegó a justificar el asesinato de niños aduciendo que los comunistas iniciaban el adoctrinamiento de sus seguidores desde muy temprana edad.

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